Alea Jacta Est

La necesidad de abordar con urgencia y seriedad el asunto de la exclusión política y social, la cual se expresa legalmente a través del sistema binominal, la ley de partidos políticos y el sistema de inscripción electoral, se convierte en un imperativo para todas las fuerzas democráticas del país. La creciente pérdida de credibilidad en el sistema, en sus gobernantes y representantes, la desconfianza hacia la labor pública y la política, la falta de esperanza de un mejoramiento en la calidad de vida, salud, educación, previsión, oportunidades y trabajo digno y seguro, se convierten paulatinamente en combustible para nuevas movilizaciones y estallidos sociales.

El fenómeno del movimiento secundario mostró que existe un latente descontento en amplios sectores de la población, la sensación de malestar sobre un sistema educacional que no brinda oportunidades, no fue sólo la lectura de los estudiantes sino de una sociedad entera que estuvo tras ellos durante todo el conflicto. Los profesores, los apoderados, las familias y el mundo social y político reconocieron la justicia y validez de las demandas de los secundarios. Este malestar no es un fenómeno aislado ni descontextualizado de la situación política, la falta de credibilidad en los mecanismos que el sistema legal y de representación que tiene Chile ha venido acentuando cada vez más el distanciamiento entre el mundo social y sus “representantes” en el parlamento. Los síntomas se notan en esos cerca de 4 millones de personas que no participan de los procesos electorales, ya sea no inscribiéndose, absteniéndose de votar y votando nulo o blanco. De los más de 11 millones de ciudadanos con edad para votar, menos del 60% lo hace optando por alguna preferencia. Y evidenciar que de los no inscritos en los registros electorales, más de 2 millones son jóvenes menores de 25 años.

Por otro lado a población está empezando a tomar con la debida seriedad el tema de la situación previsional, en tanto cada vez son más los sectores interesados en avanzar hacia una reforma que más rectificar, transforme un sistema que hace rato tiene atisbos de fraude. El mismo acceso deficiente a la salud, los escándalos de las viviendas sociales a los que hemos asistido en el último tiempo, la indefensión frente a los abusos de las autoridades y de los empresarios, con leyes hechas a la medida, etc. Así podríamos seguir enumerando situaciones que ya no sólo se expresan como falencias, sino como una política sistemática de abandono social y precarización de la calidad de vida de los sectores más sensibles e incluso de los sectores medios, los cuales también están acusando recibo de este malestar.

En mi opinión, el origen de esta crisis de credibilidad descansa sobre la precaria institucionalidad democrática, la cual posee un desmejorado sistema de representación y, peor aún, un nulo sistema de participación ciudadana. Esto lo caracterizo como una crisis en el ámbito estructural del sistema, que en conjunto con los modos de hacer política a los que se ha acostumbrado el gobierno, nos suman un factor de corte más ideológico, el cual caracterizo como una crisis en la superestructura, es decir en la gestión y los modos de entender la democracia y los de resolución de conflictos. Tenemos un sistema legal que estimula la exclusión y tenemos una administración que se ha identificado con un modelo político y económico que lo ha despojado de estrategias viables de solución de los problemas sociales y, peor aún, de proyecto de sociedad.

El aspecto de la crisis estructural descansa principalmente sobre los mecanismos de exclusión que posee el sistema electoral binominal, el cual padece de una serie de nefastas descompensaciones que van desde la distribución de los distritos, número de representantes, restricciones para ser candidato, hasta el modo en que se reparten los votos por cada lista, mecanismo que produce la tendencia a excluir una tercera alternativa en forma sistemática. Otro elemento no menor, y que suele ser menos discutido, es la ley de partidos políticos, la cual impone una serie de trabas para poder formar expresiones legales de sensibilidades de la ciudadanía, lo cual interviene directamente en los mecanismo de participación política que posee nuestra democracia. La ley de partidos políticos es una ley de carácter orgánico constitucional que regula la vida de los partidos desde su formación hasta el modo en que practica su democracia interna. Esta ley también contribuye a acentuar la exclusión política, pues es absolutamente consustancial a la ley electoral, las cuales forman un sistema coherente que busca desincentivar la participación y profundizan la falta de credibilidad en los aparatos de representación ciudadana.

La actual ley de partidos políticos acota la función de éstos a la mera presentación de candidatos a elecciones populares, y a tareas que giran en torno este propósito. Exige para la creación de un partido elevadas cifras de militantes (afiliados), las cuales deben ser declaradas notarialmente y en forma particular, lo cual no sólo hace que el sistema sea engorroso sino que además de un elevado costo. Inscribir un partido en la Región Metropolitana sola cuesta aproximadamente 20 millones de pesos en lo que a firmas se refiere, sin contar con los gastos de gestión y difusión. Los votos que los partidos necesitan obtener para seguir siendo legales (5% de la votación), su organización interna y los mecanismos que la ley impone para la generación de sus autoridades y decisiones son entre otros las trabas y obstáculos que hacen de la formación y continuidad de los partidos políticos una verdadera odisea para diversos sectores de la población que no se sienten representados por los actuales conglomerados.

Creo que hoy resulta necesario introducir dentro de la lucha contra la exclusión a la ley de partidos políticos. Las organizaciones democráticas del país deben unirse en torno a levantar esta triada que es; el fin de la ley binominal, la reforma de la ley de partidos políticos e instaurar la inscripción automática con voto voluntario, para poder avanzar hacia una democracia más participativa y representativa, que rompa con el poder de facto que la actual legislación le asigna a ciertos sectores de la sociedad que ven aumentada artificial y mañosamente su representatividad y por ende su influencia en el sistema.

Necesitamos una reforma que diferencie entre militantes y adherentes a la hora de inscribir un partido, que incorpore la posibilidad de la federación de partidos, que baje o elimine sus elevados costos de legalización y reduzca los mínimos de votos que un partido necesita para seguir vigente. Un reforma que profundice la democracia interna, los modos en que se eligen los candidatos para participar en las elecciones, que le asigne al militante un rol más activo y relevante en la toma de decisiones. En fin de cuentas requerimos de una ley que facilite la participación ciudadana

Hoy Chile y su democracia están a prueba, pues ya está visto que la gente está cansada de seguir soportando la permanente marginación de la toma de decisiones, la exclusión de los espacios de poder y de ver siempre a los mismos, ya sean de gobierno o derecha rotando en cruzadas acusaciones de quien tiene la culpa que los chilenos y chilenas lo estemos pasando mal. Ya no hay excusas para no crear un amplio consenso ciudadano que avance a crear las condiciones necesarias para generar los cambios que la democracia requiere.

La iniciativa del Parlamento Político Social al que nos ha convocado la CUT se convierte en una interesante instancia para involucrar a más actores en estos temas y otros que son sensibles a la gente. El diálogo entre las fuerzas que poseen representación parlamentaria y partidos políticos de la oposición de izquierda como lo son la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista, junto a diversas organizaciones sociales y políticas del más amplio espectro, nos puede ayudar a que esta reivindicación ciudadana encuentre cauces reales de solución, pero todo esto dependerá tanto de la voluntad de los actores con poder de incidir en el parlamento y gobierno, como en la movilización social que muestre que hay un Chile activo y deseoso de participar y ser escuchado.

Una institucionalidad se legitima al reconocer los mismos derechos a todos sus ciudadanos, a reconocer su igual derecho a participar, representar y ser representado.El derecho a reconocer la existencia de la diversidad, a que esta tenga expresión política si así lo quiere y a que pueda aspirar a representar a los ciudadanos en el parlamento y ser alternativa de gobierno es la base para toda democracia que se digne de tal.